Baltasar Garzón se enteró de su suspensión cuando estaba interrogando a un imputado del ‘caso Pretoria'

  • El juez evitó derrumbarse pero no pudo reprimir su intensa emoción

MARGARITA BATALLAS
MADRID, 15 / 05 / 2010

EL PERIODICO DE CATALUNYA

Baltasar Garzón quiso cerrar su etapa en la Audiencia Nacional con normalidad. El juez llegó a su despacho a primera hora de la mañana, como cada día desde hace 23 años, y tramitó sus últimas resoluciones judiciales antes de tomar declaración al empresario Josep Singla, uno de los imputados del caso Pretoria, al que había citado para repetir la declaración que hizo en su día porque la grabación se había borrado.
Fuera de la oficina, expectantes, los jueces y fiscales de la Audiencia, que han compartido muchas horas de trabajo con Garzón, preguntaban a cada rato a los periodistas si ya se sabía algo. Todos eran muy conscientes, sin embargo, de que la suerte estaba echada y que el titular del juzgado número 5 se iba. Por ello, sus amigos y sus funcionarios organizaban un acto de despedida a las puertas de la Audiencia.
A las 13,18 horas, Garzón interrogaba a Singla cuando sonó el teléfono de su despacho. El magistrado pidió al empresario y a su letrado que salieran un momento. Y recibió la noticia tan largamente esperada: el Consejo General del Poder Judicial le acababa de suspender en el ejercicio de sus funciones. La orden era de ejecución inmediata. A los pocos minutos, regresaron al despacho Singla y su abogado, creyendo que el juez acababa de recibir buenas noticias, pero el magistrado dio por concluida la declaración.
A partir de ese momento, empezaron a desfilar por el despacho los compañeros del juez. Fernando Grande-Marlaska e Ismael Moreno fueron los primeros en acercarse. Sus amigos Santiago Pedraz y Fernando Andreu ya habían compartido confidencias con él a primera hora de la mañana. También quisieron estar junto al juez su mujer, Rosario Molina, los magistrados Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Manuela Fernández y los fiscales Daniel Campos y Pedro Martínez.
Un simple adiós
Unos minutos antes de las dos de la tarde, los funcionarios del juzgado abandonaron sus mesas y bajaron a las puertas de la Audiencia Nacional para esperar a su jefe. Garzón salió y se despedió de los periodistas con un simple «adiós». Al llegar a la puerta principal, la treintena de personas que ocupaban la escalinata rompieron a aplaudir. Garzón hizo amago de entrar en su coche oficial , pero salió para recibir los sentidos abrazos de los funcionarios que han trabajado para él durante estos últimos años. Sus subordinados no podían contener las lágrimas.
El juez aguantó el tirón como pudo y evitó derrumbarse ante las cámaras, aunque dejó traslucir su emoción en el abrazo que compartió con sus amigos Pedraz y Andreu, los jueces con los que ha pasado más tiempo desde que comenzó su peculiar calvario, cuando el Tribunal Supremo decidió admitir a trámite hace un año la querella presentada por Manos Limpias por haber investigado los crímenes de la dictadura y de la guerra civil.
En una esquina de la calle de Génova, un grupo de víctimas del franquismo con unas caretas con el rostro de Garzón gritaban «Garzón, amigo, el pueblo está contigo» y «envidiosos miserables». Entre ellos estaba la veterana abogada Cristina Almeida, a la que Garzón abrazó antes de que el coche oficial se marchara por la calle. A casa.

　

Manifestaciones en Barcelona y Madrid: gritos de «¡Gürtel!» ante la sede del PP

La suspensión del juez Baltasar Garzón suscitó la celebración de varias manifestaciones significativas aunque no multitudinarias. En Barcelona, medio centenar de personas mostraron su disconformidad. Algunos de los asistentes enseñaron fotografías de familiares represaliados por el franquismo. Las protestas fueron más rotundas en Madrid, donde centenares de manifestantes se concentraron ante la sede de la Audiencia Nacional en apoyo de Garzón, y le saludaron cuando la abandonó, a las 21.00. Entre ellos se encontraba el líder de IU, Cayo Lara. De esta concentración, cerca de medio millar de personas se trasladaron hasta la sede del PP, en la calle de Génova, donde gritaron: «¡Gürtel, Gürtel!», en alusión a la trama de presunta corrupción ligada a los populares, así como: «Vosotros, fascistas, sois los terroristas». Antes habían cortado el tráfico de la calle de Génova. También hubo manifestaciones en Valencia y Ávila.

Los actos de repulsa seguirán. La plataforma contra la impunidad del franquismo, que componen varios colectivos sociales así como representantes del mundo del arte y la cultura, anunció que convocará semanalmente una concentración en la Puerta del Sol en memoria de los desapariciones causadas por la dictadura. La campaña contará con anuncios en televisión e internet en los que aparecerán escritores como Luis García Montero y Almudena Grandes y actores como Juan Diego Botto y Pilar Bardem.

EDITORIAL: 'Los jueces quedan en entredicho'

Es difícil imaginar una cadena de acontecimientos más impropia de la Administración de justicia que la que se ha desarrollado las últimas semanas y culminó ayer con la suspensión en sus funciones del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Solo la intromisión de la política en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explica el doble enjuague: apartar a Garzón de su juzgado y dejar para dentro de unos días la decisión final sobre si autoriza que se incorpore al Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya en comisión de servicios especiales. Todo lo demás, la jerga grandilocuente de los portavoces del CGPJ, la apelación a la independencia del presidente de la institución, Carlos Dívar, y la pirotecnia forense de las asociaciones de jueces conservadores se asemejan a una pobre cortina de humo para desdibujar la trama.
Es incomprensible que el CGPJ precise de información suplementaria de la sala del Tribunal Supremo que instruye la causa contra Garzón antes de decidir si puede o no instalarse en La Haya, cuando todos los detalles del caso están suficientemente documentados. Resulta imposible pensar que caben más deliberaciones después de que el asunto se haya debatido ad náuseam, sea público y notorio que el TPI desea contar con los servicios del magistrado y este tiene la experiencia y preparación suficientes para ocupar el nuevo empleo. Solo el deseo de una parte del CGPJ de dificultar la operación explica que ayer la comisión permanente no fuera capaz de tomar una decisión, porque no faltan razones técnicas para dar vía libre al traslado del juez.
Desde luego, Garzón ha tomado decisiones discutibles en su condición de magistrado, pero lo que le sucede ahora reúne todos los ingredientes de un tira y afloja político en el que coinciden la instrucción del caso Gürtel, la incapacidad de Dívar de sustraerse a la pugna entre facciones, el peso exagerado de las asociaciones de jueces en el funcionamiento del CGPJ y, finalmente, la intromisión de la estrategia de los partidos en la institución. Si a ello se añade que la entidad promotora de la causa contra Garzón es el sindicato ultraderechista Manos Límpias, sorprendente escudero de la independencia de los jueces en algunos medios de comunicación, la situación se antoja, como poco, chocante. La inercia de la politización y el desprestigio del gobierno de los jueces parece una enfermedad crónica sin remedio a la vista.

　

CGPJ, un órgano lastrado por la política

FRANCISCO GOR, 14 / 05 / 2010

ELPAIS.COM

El Consejo General del Poder Judicial no es un órgano jurisdiccional, que juzga y dicta sentencias, como a veces parece creerse, sino un órgano de carácter político-administrativo cuyo principal cometido es gobernar a los jueces y garantizar su independencia. Es un órgano institucional de nueva planta, cuyo diseño básico figura en el artículo 126 de la Constitución de 1978 y que está integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y 20 vocales, 12 de ellos elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías y ocho entre juristas de reconocido prestigio, designados por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos de su miembros.

Al ser un órgano colegiado su funcionamiento interno responde a la regla de la mayoría. Para los asuntos de mayor importancia, como los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, esa mayoría debe alcanzar los tres quintos de los vocales, si bien para los asuntos ordinarios basta la mayoría absoluta o incluso relativa de los vocales presentes. Su estructura interna responde también a su naturaleza de órgano colegido.

Es el pleno del órgano el que decide sobre los asuntos más importantes, como acaba de suceder con la suspensión cautelar de Garzón tras la apertura de juicio oral contra él por intentar abrir un causa por los crímenes del franquismo, mientras que la Comisión Permanente resuelve los menos importantes y de tramite. El Consejo General del Poder Judicial se compone también de comisiones de trabajo que tienen por objeto estudiar los asuntos y hacer propuestas al pleno. Destaca por su función relevante la Comisión Disciplinaria cuya tarea es investigar el funcionamiento de los juzgados y tribunales y ,llegado el caso, abrir expediente a los jueces y proponer la correspondiente sanción al pleno del Consejo.

El Consejo General del Poder Judicial nació en 1980 por lo que tiene ya una historia de 30 años. Su diseño responde a dos objetivos: establecer un gobierno de los jueces ajeno al Ejecutivo y avalar una organización judicial independiente. ¿Cómo ha resistido el paso del tiempo este modelo constitucional de organización judicial y se ha comportado en la práctica durante los 30 años que lleva vigente? La respuesta es que ha sido un órgano institucional cuyo funcionamiento ha estado desde muy pronto lastrado por la política. Ha logrado definir sus funciones y competencias pero no ha logrado encontrar un antídoto eficaz contra el llamado sistema de cuotas -tantos vocales para mí, tantos para ti- que reproduce miméticamente en su interior el equilibrio de fuerzas políticas que intervienen en la designación de sus vocales en el Parlamento. Además, se da la paradoja de que siendo un órgano de naturaleza política, y no jurisdiccional, es políticamente irresponsable ante el Parlamento, si se exceptúa la comparecencia anual de su presidente ante el Congreso para presentar la correspondiente memoria sobre la actividad de lo tribunales.