Retratos de la Historia

Busto de Pedro-Pablo Abarca de Bolea, 10º Conde de Aranda, G.E. y Presidente del Consejo de Castilla (1719-1798), procedente de la Manufactura de Porcelana de Alcora.

Los cerebros de la expulsión fueron Roda y Campomanes. La logística correspondió al presidente del Consejo de Castilla, el conde de Aranda. Por ello la historiografía del XIX le identificó equivocadamente como el artífice de la expulsión. Para que la expulsión se llevase a buen efecto Aranda debió de superar muchos obstáculos. Tuvo que organizar los pormenores del viaje de los puertos de embarque a Civitavecchia. El secretario de Marina era a quien correspondía esta operación. Pero a Julián de Abiaga se le consideraba projesuita. Por eso se le tuvo engañado hasta el momento de la expulsión (le contaron que se trataba de maniobras militares). Sin embargo Abiaga, por los preparativos, pudo suponer que no se trataba de maniobras.

Los jesuitas fueron repartidos en cajas o puertos para el viaje. Los de Castilla fueron a los puertos de Bilbao, Santander, Gijón. Y de allí se dirigieron a La Coruña, desde donde partirían a Italia. Los de Andalucía central, oriental y Extremadura iban a Cádiz, y de allí a Málaga. Los de Castilla-La Mancha embarcaban en Cartagena. Y los de la Corona de Aragón en Salou, bajo el mando del mitificado Barceló. Una vez llegados a los puertos de embarque, los Intendentes de Marina eran los encargados de fletar las naves y aprovisionarlas, con los recursos de los bienes confiscados. La mayor parte de los intendentes que intervinieron, tanto en tierra como por mar, desarrollaron una brillante carrera administrativa, accediendo incluso a los cargos nobiliarios.

El 13 de abril de 1767 llegó la carta de Carlos III a Clemente XIII comunicándole la decisión del gobierno español a través de Tomás de Azpuru -en el retrato contiguo como Arzobispo de Valencia-. El 15 de abril el Papa comunicó su tristeza por la medida y señaló que no estaba dispuesto a admitir a los jesuitas en los Estados Pontificios, pues ya había hecho bastante admitiendo a los portugueses con anterioridad. Clemente XIII temía que 4.000 nuevos jesuitas incrementaran la carestía existente. El 16 de abril Roma enviaba a Madrid un breve con su decisión. La carta del Papa no llegó a Carlos III hasta fines de abril, cuando ya estaban los jesuitas embarcados y preparados para el viaje. El Consejo extraordinario le comunicó al rey que ya no se podía dar marcha atrás. Los jesuitas salieron rumbo a Civitavecchia, incómodos, humillados, consternados y hacinados en los barcos. Pensaban que iban a los Estados Pontificios pero el gobierno ya sabía que no los iban a admitir. El gobierno intentaba encontrar un destino para los expulsados. Algunos pensaban llevarlos a Córcega, pero la medida preferida era dejarlos en un puerto de los Estados Pontificios. Entre finales de abril y los primeros cinco días de mayo apareció la idea de llevarlos a Córcega. Pero surgió un grave inconveniente: la situación política y la guerra iniciada en 1729. Los rebeldes acaudillados por Paoli habían adquirido fuerza. Córcega pertenecía a la República de Génova. La mitad de los corsos no querían depender del gobierno genovés y querían independizarse. La revuelta se había hecho muy larga y Génova no tenía los recursos militares suficientes para sofocar la revuelta. Pidieron ayuda militar a Francia. Los militares franceses se establecieron en Bastia, Calvi, San Florencio, Algaiola, Bonifacio, principales poblaciones de la costa. El centro de la isla estaba en manos de Paoli. El gobierno español tenía que negociar a tres bandas: con Génova para obtener el permiso, con Francia para que no pusieran inconvenientes, y con Paoli, por si los jesuitas iban al centro de la isla, pero con éste se debía utilizar una vía secreta. Además pensaban que Paoli aceptaría a los jesuitas porque éstos contaban con una pensión y podían fomentar la vida económica del interior. Además, los corsos habían creado una pequeña universidad en el centro de la isla y los jesuitas eran perfectos para ocupar puestos de enseñanza.

Retrato de Giovanni Giacomo Grimaldi, Dux de Génova entre 1756 y 1758, según el pintor Rossi. / Abajo, retrato grabado de Louis Charles René, Conde de Marbeuf y Marqués de Cargèse (1712-1786), General francés al mando de las tropas galas destinadas en la Isla de Córcega.

Las negociaciones con Génova llegaron a buen puerto, y se pasó a hablar con los franceses, con Choiseul. Los españoles decidieron hablar con el conde de Marbeuf, al mando de los presidios corsos.

El primer convoy (que había partido de Salou) llegó entre el 13 y el 14 de julio. Cuando intentaron desembarcar se encontraron con los cañones apuntándoles. En esos momentos Azpuru ya ha dicho en Roma que Génova les dejaba ir a Córcega. Faltaba que el gobierno francés mandara la orden a Marbeuf. Los jesuitas de Aragón marcharon a Córcega. Unos días después llegaron los de Andalucía, luego los de Toledo y los de La Coruña. Conforme llegaban iban dirigiéndose a Bastia, donde se hallaba Marbeuf. Éste les impidió la entrada hasta que recibiera la orden directa del gobierno francés. Alegaba que las ciudades estaban muy pobladas y surgirían problemas de abastecimiento. Las gestiones diplomáticas se agrian hasta que por fin Choiseul mandó la orden. Marbeuf, receloso, se negó a que desembarcaran en Bastia y pidió que dieran la vuelta por el norte a la isla y se instalaran en los presidios de la costa oeste (Ajaccio, Algaiola...). A finales de agosto desembarcaron los de Aragón. Los de Toledo no desembarcaron hasta finales de septiembre. Entre agosto y septiembre desembarcaron los jesuitas en Córcega donde llevan una vida terrible entre otoño de 1767 y otoño de 1768. Vivían hacinados y sin recursos. Además, desde el momento del desembarco apareció un rebrote de guerra civil y se produjeron enfrentamientos. El 15 de marzo de 1768 Francia y Génova firmaron un tratado: el de Compiègne. Génova vendía la soberanía de la isla a Francia. A partir de este momento los rebeldes corsos comenzaron una nueva oleada bélica que tuvo su momento culminante en el verano de 1768. Finalmente, los franceses aplastaron a los corsos y decidieron expulsar a los jesuitas de Córcega, mandándolos a Italia. Génova les permitió desembarcar en sus costas, siempre y cuando atravesaran el territorio genovés y se dirigieran hacia territorios pontificios. El Papa por fin decidió admitirlos. Entre otoño y los primeros meses de invierno de 1769 comenzaron a instalarse en los Estados Pontificios. Los jesuitas aragoneses fueron a Ferrara. Los de la Provincia de Toledo a Forli. Los de Andalucía se instalaron en Rímini y los de América se instalaron en Bolonia. Estaban controlados por la policía italiana y por vigilantes españoles. En Italia al menos llevaban una vida más cómoda que en Córcega.

Retrato de Pasquale Paoli (1725-1807), General y patriota Corso que encabezó las luchas contra la ocupación Genovesa y luego contra Francia, que compró la isla a la República de Génova.

En total fueron 5.000 los jesuitas que vivieron en Italia. No llevaron una vida fácil. No eran bien vistos y tampoco eran aceptados debido al influjo de la propaganda filojansenista. No obstante, los más preparados ocuparon cargos de confesores, fueron profesores y también fueron acogidos por familias nobles como preceptores. Los clérigos italianos no los veían con buenos ojos porque los jesuitas pretendían ganar dinero celebrando misas, en perjuicio de los clérigos italianos. Los propios jesuitas de los Estados Pontificios tenían miedo de aceptar a los españoles. Allí sólo fueron apoyados por los portugueses a los que antes habían ayudado.

Maqueta a escala de la Basílica de San Pedro de Roma, Ciudad del Vaticano.　

Vista del Palacio Real de Madrid, a orillas del Manzanares y con el puente de Segovia en primer término, en una pintura de la 2ª mitad del siglo XVIII, reinando Carlos III.

El gobierno de Madrid contactó con Lisboa, París, Nápoles y Parma para presionar al Papa y conseguir la extinción de la Compañía. Para los monarcas de la Casa de Borbón éste sería el golpe definitivo a los jesuitas. El aparato propagandístico debía extenderse por toda Europa, insistiendo en el carácter intrigante y perjudicial de los jesuitas; ello debía de estar avalado por una gran cantidad de firmas de eclesiásticos. En 1769 el gobierno comenzó una labor destinada a ganarse al alto clero. Se pensó en convocar un concilio nacional para obtener una declaración conjunta contra la Compañía. Pero la convocatoria y discusión podía dar lugar a dilaciones por lo que el rey optó por solicitar de modo personal y secreto el dictamen de cada uno de los obispos. La carta era una especie de intimidación, conociendo el sentir del monarca y el gobierno. Esto, unido al antijesuitismo de buena parte del alto clero español, dio el resultado de 46 obispos favorables a la extinción, 8 contrarios y 6 no respondieron al requerimiento real.

Retrato de José Moñino y Redondo, 1er Conde de Floridablanca (1728-1808), Embajador Plenipotenciario de España en la Corte Vaticana; obra del pintor italiano Pompeo Batoni.

Por otra parte, los distintos monarcas borbones dieron orden a sus embajadores para que presionaran diplomáticamente al Papa, llegando incluso a utilizar coacciones veladas (amenazando con cerrar la nunciatura en Madrid, con resolver los pleitos en los tribunales episcopales y no en la Curia romana...). Las medidas arreciaron en 1769 porque Clemente XIII falleció, siendo sustituido por Clemente XIV, que no era defensor de la Compañía. En España, Carlos III envió como embajador a Roma a un antijesuita, José Moñino, fiscal del Consejo de Castilla. Moñino, aconsejado por Roda, primero se ganó la confianza de Buontempi, confesor del Papa. También comenzó a buscar partidarios de la extinción en el colegio cardenalicio. Entre 1772 y 1773 las Audiencias de Moñino ante el Papa se hicieron más frecuentes, de modo que la voluntad del Papa comenzó a flojear. El 29 abril de 1773 la extinción estaba más cerca. El 27 de julio de 1773 el Papa hace público el breve Dominus ac redemptor ordenando la extinción de la Compañía; un documento que se hallaba muy inspirado por Carlos III a través de los buenos oficios de Moñino, y en el que el Papa decía que a fin de restablecer la paz suprimía la Compañía por haber perdido su finalidad y objetivos originales; los miembros podían ingresar en otras órdenes y se les asignaban unos subsidios. La Santa Sede recuperaba Avignon y Benevento y Moñino ganaba el título de conde de Floridablanca.

Teófanes Egido, relacionando el regalismo con las ideas ilustradas de reforma, ha llegado a afirmar de modo rotundo que la expulsión y posterior extinción formaban parte de un plan ambicioso que no llegó a fraguar: la eliminación de todas las órdenes religiosas. En este plan estarían involucrados Roda, Floridablanca, Aranda, Campomanes y otros. La reforma del clero regular se estaba proyectando desde los tiempos de Ensenada. Si esta reforma se detuvo durante el reinado de Carlos III bien pudo deberse a que el gobierno concentró su atención en los jesuitas, ya que para lograr la expulsión se necesitaba el apoyo del clero (muchos obispos eran regulares). Por eso el gobierno antes de 1767 defendió incluso las escuelas tomista y agustiniana contra la jesuítica. Pero tras 1773 los miembros del gobierno acosaron a tomistas y agustinos hasta el punto de que en 1783 Campomanes, cuando quiso reformar la Universidad de Orihuela, intentó apartarla de los dominicos (los dominicos sólo podían dar clase a los de su misma orden, y no a los laicos).

Muchos jesuitas marcharon a Rusia y Prusia donde se les acogió muy bien. Allí realizaron una obra importante de divulgación. Pero la mayor parte se quedó en Italia. En 1815, con la vuelta del absolutismo a España y en los inicios de la Restauración en Europa, se restituyó la Compañía gracias a las gestiones de Pignatelli. Durante el Trienio Liberal (1820-1823) fue de nuevo prohibida. Y también fue abolida en 1868. La Compañía de Jesús estaba lejos de continuar su trayectoria sin sobresaltos.